Recaudar todos los impuestos: El
concierto, blindado por los tribunales, da soberanía fiscal
El concierto económico
establece la capacidad de los territorios forales de recaudar todos los
impuestos que les afectan, propios o estatales. Además, les confiere capacidad
normativa en muchos de los que las comunidades de régimen común no podrían ni
soñar. En el País Vasco y Navarra tienen un IRPF propio, pueden modificar a su
gusto el impuesto de patrimonio y, incluso, tienen capacidad normativa sobre el
impuesto de sociedades. En cambio, se establece limitaciones sobre el IVA y los
impuestos especiales.
El concierto económico ha
sido judicializado de manera constante por las comunidades limítrofes, como la
Rioja y Castilla y León, acusándolo de permitir ayudas de estado en fijar tipos
impositivos reducidos para muchos de los impuestos que las comunidades de
régimen común no pueden tocar. Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea como el Constitucional han avalado el modelo. Ninguna otra región
española tan beligerantes algunas con cualquier tema relacionado con Catalunya
ha alzado su voz contra el sistema de financiación vasco. ¿Porqué? Lo
desconozco, habría que preguntárselo a los residentes en esas comunidades y a
los dirigentes que han votado.
El 70% de lo recaudado para
el Gobierno Vasco; el 30% para diputaciones y municipios.
Formalmente, sólo existe
un concierto económico en el País Vasco y un convenio idéntico a Navarra, pero
en la práctica son las diputaciones forales las que tienen las competencias
fiscales. En el caso vasco, las diputaciones de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava
recaudan los impuestos y tienen discrecionalidad para hacer los cambios que
consideren. Para armonizar el sistema tributario en los tres territorios,
existen las Juntas Generales.
Del total recaudado por
las diputaciones, una parte se reserva para la llamada “cuota”, la cantidad que
la Lehendakaritza transfiere posteriormente al gobierno español como aportación
de Euskadi por los servicios que presta el Estado en su territorio. Del resto,
el 70% termina en el gobierno, al menos el 16,4% a los municipios y un máximo
de un 13,6% a las diputaciones, que a parte de la hacienda gestionan las
competencias propias de los entes provinciales.
Como suelen decir los
gobiernos vasco y navarro, con el concierto económico asumen un "riesgo
unilateral", ya que independientemente del funcionamiento de la economía
deben aportar una cuota a las arcas estatales. Las bases actuales del concierto
vasco se pactaron en 1981 y las del navarro en 1990. Son acuerdos bilaterales
que ninguna de las dos partes puede modificar sin un pacto previo. Establecen
que cada comunidad pagará en función de su peso relativo en el Estado: un 6,24%
en el caso del País Vasco y un 1,6% en el caso de Navarra.
En 2007 se calculó por
última vez en Euskadi y se cifró en 1.565 millones de euros. Desde entonces no
se ha actualizado —aunque debería haberse hecho cada cinco años— y sólo sufre
pequeñas modificaciones en función de la recaudación, la transferencia de
competencias o el endeudamiento. Ahora bien, las discrepancias se han
agudizado. En 2015 los presupuestos del Estado preveían 1.525 millones en
función del cupo vasco y el Consejo Vasco de Finanzas sólo presupuestó 850, la
cantidad que Vitoria consideró justa. El Gobierno Vasco asegura que ha pagado
1.600 millones de más desde 2007.
Teóricamente el “cupo
vasco” cubre los servicios que Euskadi recibe sin tener competencias: Corona,
defensa, puertos, aeropuertos, TGV, deuda estatal, etc.
El País Vasco recauda
4.170 euros per cápita; Cataluña, 1.973
Ninguno de los dos
principales partidos españoles se ha planteado nunca acabar con el concierto, a
pesar de las quejas de algunas comunidades. La solidaridad interterritorial es
lo que más se ha criticado históricamente, aunque las autoridades vascas y
navarras recuerdan que en el cálculo de la cuota ya incluye su participación en
el fondo de compensación interterritorial del Estado. A pesar del "riesgo
unilateral" que asumen, el concierto ha demostrado ser un instrumento
eficaz para las comunidades. Ambas encabezan el ranking de recursos per cápita.
Según datos del ministerio de Hacienda, en 2013 cada vasco recibía 4.170 euros
de financiación y cada navarro 3.266. Unas cifras muy superiores a los 2.155
euros per cápita de la media española y los 1.973 de Cataluña.
El concierto económico
parece, pues, un buen negocio, al que no vale la pena renunciar. Y, en palabras
de Urkullu, después de 150 años “seguirá siendo la base de progreso de los
vascos en el siglo XXI”.
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El Partido Nacionalista
Vasco (PNV) ha marcado el ritmo de la primera fase de tramitación parlamentaria
de los Presupuestos Generales del Estado fijando como una condición
irrenunciable la actualización y liquidación de la llamada cuota vasca. El
acuerdo alcanzado pasa porque el Estado pague 1.400 millones de euros al País
Vasco como compensación del sobrecoste que se supone ha soportado el Gobierno
Vasco durante los últimos 10 años por esta cuota, ya que su cálculo es un
conflicto entre Euskadi y el gobierno español desde el 2007. (Por tanto lo de
asumir un "riesgo unilateral" por la obligatoriedad de pagar una
cuota fija es propaganda porque se ha revisado)
Por qué discrepan los dos gobiernos en el
cálculo?
De entrada, la base del
cálculo debería actualizarse cada cinco años, pero la última vez que se hizo
fue en 2007. Entonces se cifró en 1.565 millones de euros. Desde entonces no se
ha actualizado por falta de acuerdo. El problema principal es que este cálculo
se hace en función del peso relativo que tenía la economía vasca en 1982 y no
se ha renovado. Por eso Euskadi asegura que ha pagado de más y que el Estado le
devolverá dinero. Desde el 2007, pues, se ha prorrogado este cálculo, que sólo
ha sufrido pequeñas modificaciones en función de la recaudación, la
transferencia de competencias o el endeudamiento.
En cuanto pide el PNV?
En 2015 los presupuestos del
Estado preveían 1.525 millones en función de la cuota vasca, pero, en cambio,
el Consejo Vasco de Finanzas sólo presupuestó 850, la cantidad que consideraba
justa (casi la mitad de lo que el gobierno español dice que debe pagar). Por ello,
el Gobierno vasco asegura que ha pagado 1.600 millones de más desde 2007.
¿Qué pasa este 2017 con
la cuota?
Los presupuestos de este
2017 preveían que Euskadi tenía que pagar unos 1.200 millones de euros por la
cuota, menos que los 1.500 previstos desde 2007 pero aún mucho más de lo que
reclaman los vascos. Por eso de entrada el Estado se ha comprometido a pagar
1.400 millones de euros al País Vasco este año como compensación por el
sobrecoste que ha soportado en los últimos 10 años, además de actualizar el
cálculo para los próximos ejercicios. En teoría los próximos años de paz
fiscal.
Nadie sabe si el Gobierno
español podrá cumplir los próximos 15 años lo pactado con los vascos, porque
depende de cómo esté España en el futuro, pero lo que si es cierto y conocido
es lo que ha pasado en el pasado: las aportaciones que ha hecho el País Vasco
al resto de España y el trato y consideración que ha recibido del Gobierno de
España. Y todo ello indica que NO todos los españoles —unos, mucho peor
tratados que otros— han sido tratados de forma ecuánime.
A pesar de todo, no se
oyen grandes críticas ni en los medios de comunicación (TV’s ni periódicos) ni
en las redes sociales grandes críticas hacia esas comunidades, como si se oyen
por ejemplo hacia Catalunya que ha tenido un tratamiento fiscal peor que la
media de las comunidades españolas y donde muchos ciudadanos están desafectos
con el Gobierno central por ese trato injusto que da ala nación catalana.
Recientemente, para poder
aprobar los presupuestos — parece que el fin justifica los medios— el Gobierno
central ha llegado a un acuerdo con el Gobierno vasco que empeora la equidad de
trato para todos los españoles a favor de los ciudadanos vascos.
Ni siquiera el partido
político Ciudadanos que había declarado estar totalmente en contra del
Concierto económico Vasco en los últimos años y en la última contienda
electoral, se ha opuesto a este acuerdo. No se si se ha desdicho, pero no hemos
oído grandes críticas.
El Gobierno español no
sólo no rectifica sino que sigue haciendo lo contrario de lo que predica
(diálogo, justicia, transparencia, equidad para todos los españoles) y no puedo
entender como no hay una demostración contundente de protesta contra tanta
“injusticia”. Será que nos ha dado un ataque generalizado de estulticia. A unos
más que a otros.
Nota.- Estulticia: Ignorancia,
necedad o estupidez de una persona.
